OBJETIVO La ley permitirá superar el desencuentro del Estado con las comunidades nativas y obligar que defienda los derechos de los pueblos originarios.
Prensa Latina / Lima - 30/09/2011
El Comercio
El Presidente de Perú durante una visita oficial.
Ambas partes y otras instancias están incluidas en la Comisión Técnica de apoyo a la Reglamentación de la citada legislación aprobada este mes por el Congreso pero pendiente de un reglamento que precise sus alcances legales.
Por los nativos participan representantes de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep) y la Confederación de Comunidades (andinas y costeras) afectadas por la Minería (Conacami). La empresarial Sociedad Nacional de Minería también integra el comité, así como el organismo promotor de inversiones (Proinversión), el oficial Instituto de Desarrollo de los Pueblos Amazónicos y la Presidencia del Consejo de Ministros. “De este modo se podrá alcanzar un consenso para hacer compatible el desarrollo con el respeto a las comunidades de pueblos originarios”, opinó el sociólogo René Duarte en Radioprogramas de Perú.
Antes, la consulta
En tanto, el viceministro de Interculturalidad, Vicente Otta, a cargo del tema, afirmó que la participación de todos los actores involucrados en el proceso garantiza un alto grado de legitimidad del reglamento.
Vicente Otta añadió que la Ley de Consulta Previa permitirá superar el desencuentro del Estado con las comunidades nativas y hacer que el primero cumpla con la obligación de defender los derechos legítimos de los pueblos originarios peruanos.
Por su parte, las organizaciones nativas y ambientalistas plantean crear una Comisión de la Verdad para evaluar el impacto social, ambiental y económico, producidos por la actividad de empresas extractivas (mineras y petroleras).
La actividad depredadora del ambiente genera la mayoría de los conflictos sociales en Perú, por las protestas populares contra el daño que la contaminación minera y petrolera ocasiona al ambiente, los cultivos y las aguas. El Gobierno de Ollanta Humala considera necesaria la ley para prevenir conflictos.
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